Breve historia de los hidrocarburos en México
Se dice que el cura Manuel Gil y Sáenz
descubrió la primera chapopotera mexicana en el año de 1860, la cual se ubicaba
en San Fernando, municipio de Macuspana perteneciente al estado de Tabasco; no obstante,
el registro formal lo hicieron el licenciado Serapio Carrillo y el doctor Simón
Sarlat Nova y tres años más tarde se perforó el primer pozo petrolero en ese
mismo lugar[1]. Tras este antecedente, se comenzó a explorar y explotar de
forma generalizada las chapopoteras mexicanas a finales de la década de 1860;
aunque, se considera que el despunte de la industria petrolera se dio hasta el
año 1901, con la explotación a gran escala de la región de Ébano-Pánuco[2].
Una vez establecida la trascendencia del
petróleo como fuente óptima de energía a nivel mundial, así como la naciente
producción de la industria petrolera en México, Porfirio Díaz, con el afán de
incentivar la inversión de capitales extranjeros promulgó el 24 de diciembre de
1901 la primera Ley del Petróleo, en la cual se otorgan facultades al poder
Ejecutivo para otorgar concesiones petroleras de terrenos federales a
particulares, a la vez que se reconoce que los dueños de predios privados
puedan explotar hidrocarburos hallados bajo el suelo sin necesidad de concesión
alguna. Fue así que los grandes monopolios internacionales como la Standard
Oil, la Mexican Sinclair Petroleum y la Royal Dutch Shell se hicieron de la
explotación de las vetas de mayor riqueza hasta 1938 bajo el amparo de esta
ley[3].
Durante su breve mandato, Francisco I. Madero
decretó el 3 de junio de 1912 un impuesto de 3 centavos por barril para gravar
la producción de hidrocarburos y días más tarde, en el decreto del 11 de julio
de 1912 intentó (sin éxito) obligar a las compañías productoras a registrarse
para normar su actividad.
En la etapa preconstitucionalista de la
Revolución Mexicana, Venustiano Carranza al notar el creciente valor energético
del petróleo, estableció el 8 de octubre de 1914 un reglamento de inspección de
los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos. En marzo de 1915 se
estableció la Comisión Técnica del Petróleo, la cual se transformaría más tarde
en el Departamento del Petróleo y en la Junta Consultiva del Petróleo en julio
de 1920.
Tras convocar al Congreso Constituyente de
Querétaro en 1917, se aprobó el artículo 27 que ordena una redistribución de la
riqueza al institucionalizar tres formas de propiedad (Nacional, Social y
Privada) y donde se clasifica al petróleo como recurso natural administrado por
el Estado para asegurar el desarrollo, progreso e independencia del país. A
consecuencia de la promulgación de la nueva Constitución, los dueños de los
predios petroleros ya no serían dueños de los hidrocarburos que yacían en el subsuelo,
por lo cual los inversionistas recurrieron a múltiples estrategias para evitar
su aplicación entre las cuales se encontraban desde recursos legales como los
juicios de amparo que se apalancaban en el principio de no retroactividad para
prevenir la cancelación de los contratos de compraventa previos al 1o de mayo
de 1917. Las compañías también contratacaron con el apoyo de sus gobiernos
(extranjeros), actos de corrupción y hasta huestes mercenarias.
Durante el gobierno de Álvaro Obregón, la
política mexicana respecto a los hidrocarburos fue más bien austera, lo que se
entiende sobremanera bajo la constante agresión proveniente de Washington D.C.
y el desconocimiento de su gobierno ante la creciente popularidad de las
políticas sociales que veían como referente a la recientemente consolidada
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)[4].
En cambio, en 1925 bajo el gobierno de Plutarco
Elías Calles, la Junta Consultiva del Petróleo se convirtió en la
Administración General de Petróleos Mexicanos y el 12 de mayo de 1925 se
publicó el Reglamento de Agencias e Inspecciones Técnicas del Petróleo;
consecuentemente, el 24 de noviembre de ese mismo año se suspendieron las
concesiones de explotación del subsuelo de terrenos de propiedad federal, el 15
de diciembre se dictaron medidas para avitar el abuso de los criaderos de
hidrocarburos y el 26 de diciembre se promulgó una nueva versión de la Ley del
Petróleo como primera ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para
afianzar los derechos de la nación, la posibilidad de expropiación con
indemnización, la nulidad de la transferencia de las concesiones totales o
parciales a gobiernos extranjeros, limitación de zonas de exploración así como
de la duración de los trabajos (de exploración) a no más de 5 años, mientras
que las concesiones de explotación se limitaron a un máximo de 30 años, además
del pago del 5% de la producción bruta al dueño del predio en caso de que el
concesionado no sea dueño del mismo. El reglamento de la nueva ley se publicó
el 30 de marzo de 1926[2, 3].
Una vez más las corporaciones recurrieron a la
presión gubernamental, amenazas de suspensión de actividades, pago de
impuestos, desempleo y hasta la generalización de la guerra cristera para
eludir la aplicación de la Ley del Petróleo, su reglamento y el artículo 27
constitucional. Finalmente, tras varias negociaciones el resultado derivó en
reformas de la Ley del Petróleo y su reglamento aprobadas el 10 de enero de
1928 para respetar los contratos previos a la Carta Magna, la extensión de las
vigencias de las concesiones sin límite de tiempo y los plazos de arriendo a lo
previamente estipulado[3].
Posteriormente, bajo el mandato de Emilio
Portes Gil entró en vigor la Ley de Expropiación y en 1934 Abelardo Rodríguez
fundó el Control de Administración del Petróleo Nacional y la refinería de
Bella Vista, con lo que marca un hito respecto a las responsabilidades tomadas
por el Estado sobre la explotación de hidrocarburos en México.
Referencias
[1] López, A. M. (2013). La gran tentación. El petróleo de México.
Grijalbo. ISBN 978-607-311-995-5.
[2] Rousseau, I. (2018). Tribulaciones de dos empresas petroleras
estatales 1900-2014: (trayectorias comparadas de Pemex y PDVSA. El Colegio de
México. Colección Estudios sobre energía. ISBN 978-607-628-322-6.
[3] Labastida, H. (2015). La política petrolera: de Porfirio Díaz a
Lázaro Cárdenas. Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales, 36(141).
https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.1990.141.52101
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